Un operador de vuelo del estado de Florida pasará más de cuatro años y medio en una prisión federal, después de admitir que tramó un plan para evadir las sanciones estadounidenses al ayudar a viajar a dos miembros del gobierno de Nicolás Maduro, según información del portal Bloomberg.
Víctor Mones Coro, venezolano de 52 años, es propietario de la empresa American Constitution Providers (ACS), con sede en Florida y se declaró culpable en noviembre de 2019 de “conspirar para violar la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos” .
Según la nota de Bloomberg, los fiscales dijeron que su compañía, American Constitution Providers, proporcionó vuelos al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck El Aissami, y a su supuesto socio comercial, Samark López, entre febrero de 2017 y marzo de 2019.
En la lista de supuestos pasajeros que tuvo este empresa está incluido además el presidente del TSJ, Maikel Moreno, quien también había previamente sancionado por la OFAC.
Mones Coro llevó a los dos hombres y asociados a destinos en todo el mundo. incluidas las naciones aliadas con el régimen de Maduro, como Rusia, según denuncias del gobierno de EE. UU.
Mones Coro fue sentenciado a 55 meses tras las rejas por el juez federal de distrito Alvin Hellerstein este miércoles. Los funcionarios de libertad condicional habían recomendado que Mones Coro pasara dos años y medio en prisión. Buscó reducir la pena a dos años, esencialmente el tiempo que ya había pasado bajo custodia, diciendo que period solo un “engranaje en el volante”, más o menos equivalente a un despachador o conductor de limusinas, que en su mayoría solo ofrecía vuelos para viajes de placer.
Los fiscales dijeron que Mones Coro proporcionó vuelos para apoyar la campaña de reelección de Maduro en 2018, quien fue acusado en Estados Unidos, junto con más de una docena de asociados, en marzo pasado, cuando la administración Trump aumentó la presión sobre el gobernante venezolano.
Además de su sentencia de prisión, Mones Coro fue sentenciado a dos años de libertad supervisada y se le ordenó pagar una multa de $ 250.000, según destaca la sentencia publicada en el portal del Departamento de Justicia de EE. UU.
” Fuentes efectococuyo.com ”
