Para asegurar la alimentación del pueblo lo primero es la producción, bastante alejada hoy de las necesidades. Pero no basta con producir, hace falta también una buena política de comercialización para que lo cosechado llegue al destino remaining previsto y no se diluya por los vericuetos del descontrol.
Decirlo es fácil; hacerlo, difícil. Llevamos años buscando las mejores maneras sin que se haya encontrado la fórmula mágica, ni siquiera una que mediadamente resuelva el problema. En resumen, el rumbo de la distribución de los productos agrícolas sigue torcido y urge enderezarlo.
Ahora se trazan nuevos caminos. Habrá una mayor flexibilización e igualdad de oportunidades para todos los concurrentes, sean estatales o privados, sin quitar el management estatal ni hacer concesiones que vayan en detrimento del consumo social, el cual seguirá siendo prioritario.
Todo ello bajo el presupuesto de que el Estado continuará realizando su papel regulador en el seguimiento y management de la producción, la contratación, el establecimiento de las prioridades en los destinos y los balances de productos. Igualmente, mantendrá la función rectora sobre los precios, la comercialización en condiciones excepcionales, así como la intencionalidad de las siembras y el uso de la tierra.
Ya no será Acopio el que monopolice y realice los balances alimentarios, como venía sucediendo. Los destinos de los productos, sus precios y demás decisiones corresponderán a los gobiernos en cada uno de sus niveles, como órganos reguladores, en uso de la autonomía que les concede la Constitución de la República.
Para lograr este cambio sustantivo deberán crearse en los municipios y en la instancia provincial grupos de contratación formados por: delegación o direcciones de la Agricultura, una representación de los productores, comercializadores de la producción y los invitados que se consideren necesarios. O sea, en dichos comités habrá una representación de las distintas formas de gestión, incluidos los carretilleros donde sea necesario por la cantidad existente, y de forma consensuada se tomarán las mejores decisiones.
Por tanto, a partir de la adopción de la nueva política de comercialización no deberán existir limitaciones para contratar las producciones, y todas las formas de producción podrán vender a cualquier destino y en igualdad de condiciones.
Esa mayor flexibilidad exige más responsabilidad y management por parte de los gobiernos municipales y una manera diferente de trabajar, alejada del formalismo y de la rutina burocrática que a veces impera. No podrá faltar el chequeo mensual para darle seguimiento a lo contratado e, incluso, realizar la recontratación de las producciones si fuera necesario, y proceder a las reclamaciones y demandas pertinentes cuando exista incumplimiento por cualquiera de las partes.
En la provincia ya se evidencian algunos cambios en la política de comercialización, pues Villa Clara marcha a la vanguardia del país en el arrendamiento de mercados y puntos de venta, tanto a formas productivas como a productores privados.
De un complete de 44 mercados que antes estaban subordinados a Acopio, han sido arrendados 16, al igual que 104 de los 139 puntos de venta existentes en la geografía villaclareña. Esta experiencia ha tenido muy buena aceptación por parte del pueblo, que ahora ve sus placitas, antes desoladas y mustias, abastecidas, sobre todo los fines de semana, lo cual deberá seguir mejorando.
Y a la par es preciso atender el tema de los precios, el eslabón más seen de la cadena y, por ende, el más débil, sin ser el único con problemas; también, seguir combatiendo las tarifas abusivas. Mas, deberán adoptarse precios competitivos que den margen de ganancia a los productores, estimulen la producción y mantengan una estabilidad con un tope máximo en la instancia provincial, y que puedan ser disminuidos en dependencia de los niveles de producción y los lugares de venta, pues el comportamiento no es igual en todos los municipios.
Nadie produce para perder, y los insumos están caros y deficitarios; pero tampoco ningún productor puede violar lo establecido y vender su mercancía a importes estratosféricos, como ahora mismo sucede; aspecto que habrá de tenerse muy en cuenta en el futuro.
Claro, esto no basta si se mantienen los niveles de producción actuales y el descontrol continúa dando margen para que mucha comida se escape hacia destinos inciertos. Según datos aportados por el Sistema Informático de Planificación Agropecuaria (SIPA), al cierre de febrero, en Villa Clara la demanda de autoabastecimiento solo se cubrió al 53,6 %; el per cápita de viandas, hortalizas y vegetales anduvo por las 23 libras promedio, de las 30 previstas por habitante, y en 22 comunidades del territorio no se vendió ningún producto durante todo el mes.
La política de comercialización que se pretende establecer no será la solución del problema, pero debe contribuir a aliviarlo. De ahí que en la reunión del Consejo de Gobierno, la principal autoridad gubernamental del territorio, Alberto López Díaz, afirmara: «A la nueva política de comercialización hay que prestarle la mayor atención para que no fracase, sin formalismos ni camisas de fuerza. En asegurar la alimentación del pueblo nos va la vida».
” Fuentes www.vanguardia.cu ”
