Tras la derrota electoral autonómica del 28 de mayo y el adelanto de las generales al 23 de julio, la agitación en las empresas públicas ante la posibilidad de un vuelco en las cúpulas directivas como el sucedido en el verano de 2018 es cada vez más real. Algunas de las más grandes, rentables y valiosas que cotizan en bolsa con el Estado como accionista atraviesan su mejor momento desde la pandemia de 2020.
El Gobierno controla participaciones minoritarias o de control en gigantes como Aena, Caixabank, Enagás, Red Electrica (Redeia), Airbus, IAG (Iberia), Ebro Foods o Indra valoradas en cerca de 23.000 millones de euros al cierre ayer de la bolsa, con una revalorización de más del 10% en 2023 hasta niveles de 2020.
Pese a la cuantía del patrimonio bursátil estatal, que rivaliza con los de gigantes como BlackRock, Vanguard o Norges Bank, apenas daría para pagar dos mensuales de las pensiones públicas después de la última revaluación de 2023. Eso sí, los cobros de dividendos que corresponden a las acciones bajo la órbita del Gobierno superan los 800 millones de euros anuales solo para el actual ejercicio.
A un mes y medio de la cita electoral que puede cambiar a Pedro Sánchez por Alberto Núñez Feijóo como inquilino de la Moncloa, y a PSOE-Podemos por el PP en las principales carteras ministeriales, los inversores comienzan a seguir de cerca las encuestas ante un posible baile de sillones del Ibex 35 y grandes empresas.
Ya ocurrió tras el cambio de gobierno de junio de 2018 con los nombramientos inmediatos de Jordi Sevilla en Red Eléctrica (Redeia) y Maurici Lucena en Aena, además de batería de nuevos ejecutivos en grandes empresas públicas estratégicas como los de Juan Manuel Serrano (Correos), José Carlos García de Quevedo (ICO) o Jesús Huerta Almendro (Loterías y Apuestas), entre otros.
La venta de Bankia a Caixa
En el legado del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias emergen por encima del resto de operaciones la venta a Caixabank de Bankia en 2020, rescatada en 2012 con una inyección de 22.000 millones de euros de dinero público, prácticamente el valor actual de toda la cartera bursátil en manos del Estado. A cambio del traspaso del control de Bankia, el Estado conserva el 17% en el capital de la nueva Caixabank.
La operación supuso la mayor fusión bancaria en España y la extinción tanto de la marca como de la entidad jurídica que agrupó a puñado de cajas en problemas con las antiguas Caja Madrid y Bancaja a la cabeza. La participación en el banco está valorada en unos 4.700 millones de euros, la segunda mayor posición en cartera.
Aena, el dueño y gestor de aeropuertos como Barajas o El Prat, sigue siendo la joya de la corona de las empresas públicas, con permiso de Loterías y Apuestas (SELAE), la más rentable de todas con gran ventaja sobre el resto una vez superada la crisis pandémica del Covid-19. En 2022 logró un beneficio de 901 millones de euros después de que más de 243 millones de pasajeros circularan por sus instalaciones.
Desde que salió a bolsa en 2015 con el Gobierno de Mariano Rajoy, la compañía aeroportuaria ha sido fuente de dividendos millones para el Estado salvo por la suspensión en el periodo de pandemia. A través de EnAire, un ente público, el Estado tiene el 51% del capital que está valorado ahora en cerca de 11.100 millones de euros, casi tanto como el resto de empresas participadas juntas que cotizan en bolsa.
La operación Indra
Salvo una, el resto de participaciones en manos estatales se ha mantenido de lo más estable a lo largo de los últimos años. Desde las posiciones minoritarias del 4,2% en Airbus o el 2,5% de IAG (Iberia, Vueling, British Airways) al papel secundario en el capital del gigante de alimentación Ebro Foods, pasando por las ‘acciones de oro’ en los monopolios de infraestructuras energéticas Redeia (electricidad) y Enagás (gas), donde controla el 20% y 5%, respectivamente.
La excepción a la regla ha sido Indra, un conglomerado de empresas y actividades agrupadas en el mayor y más habitual contratista estatal. Desde la instalación de radares a los sistemas de recuento electoral o los servicios de consultoría tecnológica, ciberseguridad y un largo etcétera. Pero su calificación de empresa estratégica es su vinculación a los principales proyectos militares y de Defensa.
El Gobierno emprendió poco antes de la guerra un proyecto para reconfigurar la empresa bajo la dirección de Marc Murtra, a la que recientemente se ha sumado José Vicente de los Mozos como nuevo consejero delegado, con la incorporación de varios accionistas como el ‘hedge fund’ Amber Capital, el contratista Sapa Placencia y Mecanizados Escribano. La SEPI ha elevado su participación en apenas 18 meses desde el 18,7% al 28 del capital tras una inversión de 173 millones de euros.
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