Un juzgado de primera instancia de Segovia se ha hecho cargo de la investigación tras ser admitida a trámite la denuncia presentada por tres concejales del Partido Popular el pasado mes de diciembre al considerar la existencia de posibles delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por parte del alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso, según la información facilitada por el PP del municipio.
Esta denuncia no guarda relación con la petición de informes por parte de otro juzgado a comienzos del mes de mayo, antes del inicio de la campaña electoral, que fue ejecutada por varios agentes de la Guardia Civil que se llevaron cajas de la Casa Consistorial. En este caso es una denuncia del grupo del Partido Popular que presentaron en diciembre y “hace una semana y a requerimiento judicial, nos ratificamos”.
Desde el Partido Popular del Real Sitio de San Ildefonso, según recogieron estos medios, la denuncia afecta a un expediente de tasas municipales a esta empresa. El Partido Popular advirtió al primer edil que su forma de proceder era “manifiestamente ilegal”, ya que “técnicos del ayuntamiento, por indicación del alcalde, ‘blanquearon’ a posteriori el expediente, cambiando la figura impositiva y dejando en 4.500 euros una factura que debería haber supuesto 44.500 euros”, recogió Acueducto2.com.
Los ediles del Partido Popular detallaron que, entre los días 23 de septiembre y 4 de noviembre la empresa Roke Travel Factory, estuvo en la zona de Puerta la Reina, el parking de la electrolinera, para convertirlo en un plató de presentación del nuevo Renault Austral. Toda esa zona estuvo reservada en exclusiva a la empresa así como también otro segundo espacio, en la Fuente de Chamberí, donde se ubicaron zona de caravanas, carpas y demás como logística del evento. El objetivo es que durante 40 días por La Granja pasaran periodistas especializados, influencers y Youtubers para probar el nuevo coche y lo dieran a conocer en medios especializados.
Según su versión, también recogida por El Adelantado de Segovia, la ilegalidad reside en que consideran que los servicios técnicos no liquidaran de forma correcta el expediente al aplicar la ordenanza 12, que regula las tasas de la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
Para el Partido Popular, en base a esta tasa, la tesorera liquida a la empresa, 3.000 euros, pero luego, un mes después, se redacta un segundo informe en la que se le dice a la tesorera que hay que emitir una liquidación complementaria de 1.500 euros más, siempre bajo el concepto de ‘liquidación por autorización para rodaje cinematográfico’.
El concejal del PP en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, Juan Carlos Gómez Matesanz, explicó que tuvieron dificultades pero finalmente se les facilitó el expediente y presentaron una serie de preguntas sobre esta cuestión, en los primeros días de noviembre del año pasado.
En ese escrito, el grupo popular remarcó que la liquidación efectuada estaba muy por debajo de lo prescrito en la ordenanza número 12, que señala que no es posible bonificar los importes que caigan bajo esta figura impositiva y fija un importe diario de 523,24 euros por cada espacio urbano utilizado. “Según nuestras cuentas, por tanto, son dos espacios urbanos utilizados, es decir 1046.64 euros, por 42 días de ocupación de vía pública en concepto de rodaje, 44.499.64 euros en total”.
La pregunta final es clara y directa al alcalde para saber por qué se liquidó por una décima parte de esa cantidad, por 4.500 euros.
Los ediles del PP argumentaron que “la más grave irregularidad” es que, una vez presentada la reclamación, desde el consistorio y “por indicación del alcalde”, se añaden al expediente el 9 de noviembre otros tres informes más, dos de la arquitecta técnica municipal y otro de la tesorera, con un cambio de la figura impositiva y “blanquean” el descuento aplicado.
“En otras palabras, lo que era una acción que entra de lleno en la tasa 12, de promoción comercial y rodajes, se lleva torticeramente y sin ningún atisbo de realidad, una vez el ayuntamiento ve que hemos detectado la irregularidad-, otra tasa más barata, la 10, pensada para actividades de construcción, lo que permite justificar que lo que debería haberse liquidado por 44.500 euros quede en 4.500 euros”, explicó Gómez Matesanz.
En su escrito, el PP del Real Sitio indicó que, si mal está que un municipio arruinado por décadas de mala gestión socialista indulte graciosamente 40.000 euros a una empresa, resulta del todo intolerable y lo calificó de “conchaveo entre el alcalde y técnicos para aplicar al capricho del alcalde las tasas y redactar informes a medida”.
En su opinión, el municipio no se puede someter a esta manera arbitraria de gestión de los impuestos. “A éste le hago pagar tanto y al otro lo mismo dividido por 10 jugando al capricho del alcalde con los informe técnicos”, detallaron y, al considerar que es “ilegal”, el 12 diciembre de 2022 presentaron ante el juez la oportuna denuncia.
” Fuentes diariodecastillayleon.elmundo.es ”
