Miami, 18 mar (EFE).- Cientos de trabajadores agrícolas de Florida concluyeron este sábado una marcha de cinco días con la que han pedido que más corporaciones minoristas de EEUU se sumen a un programa que les asegura mejores pagos y condiciones laborales.
La caminata de unas 50 millas (80 km.) ha concluido hoy en Palm Seashore, localidad en el sur de Florida que acoge mansiones de millonarios frente al mar Atlántico, incluido Nelson Peltz, directivo de la cadena de comida rápida Wendy’s y que es una de las empresas a las que se han dirigido los manifestantes.
“Ahora vieron la avaricia de uno de sus vecinos”, dijo a EFE Lucas Benítez, miembro fundador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés), organizadora de la marcha iniciada el martes en la pequeña comunidad de Pahokee, donde en 2015 se descubrió un caso de explotación laboral.
La marcha ha concluido hoy con una manifestación que ha congregado a unas 575 personas, según el conteo de CIW, y en la que ha participado la congresista por Florida Lois Frankel, la activista por los derechos humanos Kerry Kennedy y líderes de varias congregaciones religiosas, tras lo cual han emprendido una caminata por Palm Seashore.
Los participantes piden que tanto Wendy’s, como las cadenas de supermercados Publix y Kroger se adhieran al Programa de Comida Justa (FFP, por sus siglas en inglés), iniciado en 2011 y que, en conjunto con los empresarios agricultores y los principales minoristas, fija protecciones estándar para los trabajadores agrícolas en Florida y otros estados.
La marcha, que ha merecido una respuesta “muy favorable”, según Benítez, ha buscado exponer “las dos caras en la agricultura actual”, en una de las cuales los trabajadores al amparo de este programa del que participan gigantes del comercio minorista como Walmart, Complete Meals y Burger King cuentan con “un pago digno” y ven protegidos sus derechos laborales.
La situación es diferente para aquellos que están fuera de los alcances del FFP, del que forman parte 14 corporaciones y que ha merecido el reconocimiento de parte de las Naciones Unidas y la Casa Blanca por “eliminar los abusos laborales de larga data” en campos de cultivos de unos diez estados.
Para aquellos que no están protegidos por el programa es mayor el riesgo de sufrir acoso sexual y de esclavitud moderna, situaciones que aumentan en el país, como alertan los organizadores
A modo de recordatorio aluden al caso descubierto en el campo de Pahokee, donde el dueño fue sentenciado el año pasado casi 10 años de prisión tras descubrirse que inmigrantes mexicanos eran víctimas de trabajos forzados y extorsión.
“Desde que lo comenzamos, la idea de este programa siempre fue la de ganar, ganar y ganar”, aseveró Benítez, en alusión a los beneficios para las tres partes implicadas: las empresas minoristas, los cultivadores y los trabajadores agrícolas.
“Las corporaciones ganan reputación, los ranchos donde se producen los tomates cuentan con trabajadores estables, contentos y más productivos, y los trabajadores reciben condiciones mas humanas”, ahondó el activista.
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