Este contenido fue publicado el 06 marzo 2023 – 13:12
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Bruselas, 6 mar (EFE).- La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha preguntado a la Comisión Europea sobre las normas aplicables a los viajes de trabajo de sus funcionarios, después de que saliera a la luz que el máximo responsable de la Dirección Normal de Transporte de la Comisión, Henrik Hololei, visitó Catar en varios desplazamientos pagados por ese país.
En specific, O’Reilly ha pedido al Ejecutivo comunitario que detalle “cómo trata las solicitudes de viajes de negocios de sus altos funcionarios que son pagados por terceros”, indicó en un comunicado publicado este lunes en su página internet.
La Defensora del Pueblo decidió solicitar esa información “tras la noticia de que algunos viajes de trabajo realizados entre 2015 y 2021 por el director general del departamento de transporte de la Comisión habían sido pagados por el gobierno de Qatar u organizaciones cercanas a él”, añade la nota.
En la carta, O’Reilly pregunta a la Comisión cómo planea actualizar sus reglas relacionadas con los viajes de negocios y le insta a detallar el coste de los viajes que han sido pagados por terceros desde 2021.
Por otra parte, pregunta a la CE cómo se asegura de que sus directores generales hacen pública la información sobre todas las reuniones que mantienen con representantes de grupos de interés.
Según el medio Politico, esos viajes gratuitos a Catar tuvieron lugar mientras la Comisión negociaba un acuerdo de aviación con ese país.
La Comisión Europea insistió hoy en que los desplazamientos de Hololei a Catar siguieron las reglas aplicables a las misiones pagadas por terceros.
Esas normas exigen, “un análisis de si existe o no un conflicto de intereses” y declarar “todo apoyo de una tercera parte”, explicó el portavoz de Presupuestos del Ejecutivo comunitario, Balazs Ujvari, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.
En este caso concreto y siguiendo las normas aplicables, fue el propio Hololei quien llevó a cabo el análisis y “a la luz de la información disponible”, llegó a la conclusión de que no había conflicto de intereses.
El mismo portavoz precisó que la consulta de la Defensora del Pueblo Europeo “no es una investigación sino una iniciativa estratégica” e indicó que Bruselas responderá en el plazo previsto, que concluye el próximo 3 de junio.
Añadió que el objetivo de este tipo de consultas por parte de la Defensora del Pueblo es “en general recoger información y después emitir directrices o sugerencias” para mejorar el sistema, en el marco del compromiso de la Defensora del Pueblo por mejorar la responsabilidad y la transparencia de las instituciones europeas.
En ese contexto, el portavoz dijo que, en su opinión, la consulta no puede llevar a la conclusión de que se produjo “una mala administración”.
Por su parte, la portavoz Dana Spinant recordó que el Ejecutivo comunitario tiene previsto “reforzar” las normas que regulan los desplazamientos al extranjero para “clarificar mejor” las situaciones y “restringir las posibilidades” de viajes pagados por terceros.
En el futuro, en principio serán solo posibles esos viajes financiados si las terceras partes son la ONU, el G7 o el G20, que organizan eventos globales, añadió Spinant.
La Defensora del Pueblo Europeo se refirió en su carta, por otra parte, al escándalo de corrupción en la Eurocámara e indicó que, aparte de su reciente carta al Parlamento Europeo pidiendo información, tiene previsto hacer “un mayor seguimiento del asunto”. EFE
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