En medio de un limbo normativo, las apps de viajes crecen en la ciudad de Santa Fe

Las tecnologías avanzan a pasos agigantados y las plataformas multinacionales de viajes particulares, como Uber y Maxim, siguen creciendo en la ciudad de Santa Fe. En sus respectivas páginas oficiales figura “Santa Fe de la Vera Cruz” como una de las tantas localidades del país donde operan.

Uber, por caso, emitió días atrás un comunicado donde informó que está impulsando un registro para taxistas en todas las ciudades del país donde la app está disponible, y en ese listado figura esta capital: “La cantidad de viajes realizados por taxis a través de la app de Uber se triplicó durante los últimos tres meses”, aseguró la empresa.

Esta registro promocional regirá hasta el 31 de marzo: “Los taxistas que se registren y comiencen a manejar pueden obtener hasta $100.000 adicionales al completar sus primeros 50 viajes antes del fin de la promoción”, y los ya registrados “podrán recibir hasta $50.000 adicionales por cada taxista nuevo que inviten a la plataforma y que complete 50 viajes antes del fin de la promoción”.

Con respecto a Maxim, la otra app de viajes masiva a nivel mundial (al igual que Cabify), este diario publicó hace unos meses que en la ciudad de Santa Fe hay alrededor de 28 mil usuarios que utilizan la aplicación; unos 300 choferes que abren la app cada semana, sobre un complete de 2 mil conductores registrados. Fuentes de esa plataforma solicitaron al Concejo native que sancione una ordenanza que regularice la prestación de este servicio de movilidad.

El ritmo vertiginoso de estas tecnologías miran por el espejo retrovisor los tiempos político-legislativos. En contexto, cabe recordar que el 14 de octubre de 2020, el Concejo santafesino aprobó una resolución donde se dispuso que el transporte de pasajeros en automóviles deberá realizarse en la ciudad “sin excepción” en cumplimiento a las ordenanzas N° 11.661 y Nº 9.981: estas dos normas regulan el servicio de taxis y remises, únicos habilitados. Pero de hecho, las apps siguen operando.

Además, en marzo del año pasado, el Deliberativo native sancionó otra resolución en la cual dispuso que el Ejecutivo, a través del área correspondiente, advierta e informe a los medios de comunicación y a la ciudadanía “sobre la ilegalidad de la actividad promocionada por Uber” dentro del ejido urbano. Y encomendó a la Subsecretaría de Transporte a que informe a la comunidad que la empresa Uber “no se encuentra encuadrada en la normativa local vigente de sistemas de transportes públicos”.

Hubo, también, varios debates legislativos muy encendidos. Ocurre que las aguas están divididas en el recinto de calle Salta 2943. Hay concejales que se oponen lisa y llanamente a que estas plataformas operen en la ciudad, bajo argumento de que se les quita el trabajo genuino y authorized a taxistas y remiseros. Y otros están a favor de que las apps operen siempre y cuando dentro de un marco normativo. Uno de quienes presentó un proyecto de ordenanza en este sentido es Sebastián Mastropaolo (Professional-JxC).

Con el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo -el próximo jueves 2 de marzo-, este año “vamos a insistir con un marco regulatorio para las plataformas, pero con los taxistas y remiseros adentro. Que éstos tengan un privilegio, un protagonismo como proveedores del servicio de Uber o Cabify. Requerimos que tengan licencia profesional, la autorización correspondiente del municipio y, también, cuestiones técnicas relacionadas con los autos”, le dijo Mastropaolo a El Litoral.

“Queremos que el proyecto sea receptivo, y que nada quede librado a la ilegalidad. Se trata de la voluntad de dar el debate, siempre cuidando el trabajo de taxistas y remiseros. Estamos convencidos de que todos los subsistemas de transporte particular (taxis, remises, plataformas) pueden coexistir”, aseveró.

En tanto, el municipio se mantiene cauto en su postura respecto de “apps de viajes privados sí o no”. Fuentes del Gobierno native consultadas por este diario se limitaron a decir que el tema “debiera pasar por el Concejo, justamente con la regulación vía ordenanza”. De momento, se sostiene que estos servicios “son ilegales”, en función de la resolución aprobada por el Deliberativo y la vigencia de un “limbo normativo”.