El gobierno de Panamá investigará los presuntos abusos sexuales de funcionarios de ese país contra migrantes irregulares para facilitar su traslado hacia Costa Rica, después de que un relator de la ONU publicara los casos en un diario español.
El Ministerio de Seguridad indicó en un comunicado que si hay indicios o denuncias formales, “el gobierno de Panamá llevará a cabo las investigaciones pertinentes hasta las últimas consecuencias”.
La reacción del gobierno panameño se produce después de que el diario español El País publicara un documento de la ONU en el que se recogen “graves vejámenes que habrían sido cometidos por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras”.
Según el documento, agentes de la Estación de Recepción de Migrantes de San Vicente (ERM), en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, solicitaron “intercambios sexuales a las mujeres y niñas” que carecen de dinero para “afrontar los costes del transporte” desde ese centro hasta la frontera con Costa Rica.
Según El País, también hay denuncias por “trabajos forzados” para poder pagar los 40 dólares que cuesta esa travesía.
El escrito de las relatorías especiales y expertos independientes hace énfasis en que según la información recibida, en la ERM las personas migrantes “se encontrarían de facto privadas de libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”.
Sin embargo, el gobierno panameño indicó que no existe “ninguna” denuncia formal.
Las autoridades competentes han atendido “toda denuncia presentada” por los migrantes y “en ninguna de estas ha habido mención de la participación de funcionarios públicos panameños” en estos presuntos hechos, indicó la nota oficial.
Panamá también rechazó “los señalamientos que tratan de desvirtuar la labor humanitaria” que sus entidades, junto a organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, realizan “en favor de los migrantes” irregulares que llegan al país tras cruzar la selva del Darién en su viaje hacia Norteamérica.
Esta frontera selvática entre Panamá y Colombia, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, es una ruta plagada de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales.
Pese a ello, y según datos del gobierno panameño, en 2022 pasaron por el Darién 248.000 personas, una cifra que pulverizó los registros del año anterior, cuando 133.000 migrantes realizaron la travesía.
En su mayoría son venezolanos, aunque también hay ecuatorianos, haitianos y cubanos, además de africanos y asiáticos.
Para paliar la situación, el gobierno panameño, en conjunto con distintas agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, ha levantado varios campamentos para la atención humanitaria a los migrantes.
El Ejecutivo del presidente Lauretino Cortizo citó una “decisión de 2022″ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señaló que “Panamá ha demostrado su compromiso para continuar realizando acciones que garanticen los derechos de las personas en situación de movilidad, entre ellas, las personas migrantes en tránsito”.
Esa decisión de la CIDH también señaló que “no se pudo acreditar la privación de la libertad de personas migrantes” durante “la visita y entrevistas” a estas.
Las ERM están situadas en las fronteras sur y norte de Panamá. Allí los migrantes en tránsito reciben atención sanitaria y alimentación y se les toman los datos biométricos, lo que permite a Panamá contabilizarlos: 248.284 en el 2022; 133.726 en el 2021 y 30.055 de 2016, durante la primera disaster migratoria debido al paso de cubanos.
(Con información de AFP y EFE)
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