El physician Francisco Bernate, quien ejerce la representación authorized de la familia del exagente fiscal Marcelo Pecci asesinado en Colombia, denunció que “algo muy raro está pasando” y que teme por su vida. Lamentó que el Estado colombiano no le garantice protección, por lo que tuvo que apelar a organizaciones internacionales para pedir respaldo a sus labores que consideró “de alto riesgo”, al estar litigando contra peligrosas bandas criminales.
“Yo no voy a irme a Cartagena a ponerme en una parrilla para que me maten”, afirmó Bernate en forma contundente al sostener que le exigen presencialidad para dar seguimiento al expediente que tramita en representación de la familia Pecci. Dijo que todos los procesos se están llevando adelante de manera digital, pero que llamativamente ahora le quieren exigir presencialidad en Cartagena, por lo que consideró que podría ser muy peligroso acudir y teme por su integridad física.
“Porque necesitan verme en Cartagena meses seguidos. Y desafortunadamente el Estado colombiano no me ha dado el apoyo que yo hubiera esperado, por lo que tuve que acudir a instancias internacionales a fin de que el Estado colombiano me garantice que yo no voy a ir a Cartagena a ponerme en una parrilla para que me maten”, declaró a la 680 AM.
“Espero que las autoridades colombianas se ocupen también de proteger mi vida, porque ya el caso se termina, y ustedes están allá y la familia de Marcelo allí. Pero, yo soy el que se queda acá y sí hemos tenido una serie de hechos que dan cuenta que algo muy raro está sucediendo y que podría poner en peligro mi integridad”, sentenció.
El abogado relató que hace mucho tiempo tramita una serie de casos en los tribunales de Cartagena que tienen que ver con el crimen organizado. Dijo que todo se venía trabajando de forma remota, y en el mes de diciembre, a medida que avanzaba el caso de Marcelo Pecci “abogados de bandas criminales” solicitaron que todo se haga presencial.
Consultado sobre las medidas que tomaron para brindarle protección, Bernate reiteró que las autoridades colombianas no le ayudaron por lo que recurrió a instancias internacionales. “El Estado colombiano, ninguna, pero ya hay dos organizaciones de abogados. Hay una organización de Derechos Humanos y allí en Paraguay se hacen también gestiones para que simplemente se me concedan mis derechos. Porque yo creo que la delincuencia no puede imponer su criterio sobre el de la ley”, acotó.
Aseguró que no recibió amenazas de muerte. “Este es un trabajo de alto riesgo y no tiene sus medidas de autoprotección. Pero cuando un grupo de bandidos me necesita un mes seguido en Cartagena no es propiamente porque quiera saludarme”, manifestó.
” Fuentes news.google.com ”
