A un mes de su juramentación como presidente de la república, Dina Boluarte aún enfrenta diversas protestas a nivel nacional, bloqueos de carreteras y una ola de violencia generalizada en el país.
Distintos gremios y organizaciones sociales exigen la renuncia de la dignataria, la disolución del Congreso, la liberación del expresidente Pedro Castillo, recluido por treinta meses tras un autogolpe de Estado frustrado, entre otros reclamos.
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Aunque hasta el momento no se contabiliza ninguna pérdida humana, en comparación a las protestas de diciembre del 2022 que dejaron 28 fallecidos, desde el cuatro de enero del presente año se vive un paro nacional localizado, principalmente, al sur del país.
En este escenario, hasta el cierre de esta nota, se reportan 66 puntos con tránsito interrumpido, ocho regiones implicadas en estas movilizaciones y 12 vías nacionales afectadas, según un reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).
Además, se registró que las movilizaciones y bloqueos de carreteras se desarrollan en las provincias de Cajamarca, Ucayali, Junín, Ica, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Puno y Moquegua.
Por tercer día consecutivo, además, Ica acata el paro nacional y continúa el bloqueo en los kilómetros 261 (Barrio Chino), 290 (Expansión Urbana) y 299 (El Álamo), en la Panamericana Sur.
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Por otro lado, durante la jornada del último viernes seis, la Defensoría del Pueblo también informó que por lo menos 224 personas fueron intevenidas debido a un management de identidad. Este grupo fue llevado al Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Tras algunas horas, las personas retenidas pudieron retirarse de la dependencia policial. Otras 3 personas fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría de Cotabambas (Apurímac), porque personal policial las identificó como quienes tiraron piedras. Continuamos atentos a su situación”, indicó la entidad.
La referida entidad también indicó que se tiene, hasta el momento, catorce personas heridas en Puno, grupo integrado por diez personas civiles y cuatro agentes policiales.
Asimismo, tras el intento de algunos manifestantes por tomar el aeropuerto de Juliaca, la Defensoría informó que ocho civiles y cuatro policías se encuentran bajo vigilancia médica, en el Hospital Carlos Monge Medrano, tras ser heridos en el enfrentamiento.
Además, durante la jornada informativa en los últimos días, la Asociación Nacional del Periodistas (ANP) denunciaron atentados contra los hombres y mujeres de prensa.
“Expresamos nuestra consternación por la tentativa de asesinato en Bellavista, región San Martín, contra los periodistas Luis Angulo y Pablo Torres, que fueron embestidos por una camioneta blanca que venía haciendo seguimiento”, alertaron.
La institución también advirtió de otros atentados, entre ellos, los casos del reportero Brian Matías (Panamericana Televisión); Gianpierre Huillca (PBO), herido por una piedra en la cabeza; el fotoperiodista independiente Walter Hupiu y el periodista Joel Alonzo (El Comercio).
La disaster social también afecta a grandes sectores del sector laboral. En el cuarto día de protestas, la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit) informó que se cancelaron el 80 % de las reservas hoteleras de todo el Perú.
A través de su presidente, Ricardo Acosta, anunciaron que solo la región de Cusco pierde siete millones de soles cada día, mientras que Arequipa registra unos cinco millones de soles a la baja.
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“En Cusco han empezado a cerrar hoteles y restaurantes, parece una ciudad fantasma. El tren a Machu Picchu durante cuatro días no ha ido. Solo ha ido a recoger turistas que estaban varados”, indicó en diálogo con Canal N.
En common, en el rubro turístico, se reportan pérdidas económicas por más de 18 millones de soles durante los tres primeros días de protestas, según la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur).
“Al día son 6 millones 234 mil 172 soles, con un impacto de 53 mil 392 turistas que dejan de hacer turismo”, informó la entidad.
En el ámbito agrario, el director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, denunció que un amplio grupo trabajadores y empresarios fueron amenazados en Ica, en los últimos días, e impedidos de laborar.
“Estamos en plena producción de uva en Ica, en arándanos, en espárragos (…) solamente este mes en uva, por lo menos, son 500 millones de dólares. Es un crimen contra el país”, comentó a RPP. Además, alertó que más de 100 mil trabajadores se ven afectados en el rubro.
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