El funcionamiento es sencillo. Los interesados sólo tienen que hacer un clic a través de una aplicación o llamar a un número de teléfono -en el caso de los más analógicos-. Con ello reservan una plaza para subir a bordo de los distintos vehículos que se ponen en circulación cada día para unir los dispersos núcleos de población que se escalonan en la Comunidad a través de las 1.952 rutas de transporte a la demanda que existen actualmente en Castilla y León. Un servicio que, desde que se ha implantado en el conjunto del territorio el Bono Rural, es completamente gratuito y se calcula que en este 2022 bonifique en su totalidad el coste de 155.000 viajes en la Comunidad.
El citado Bono Rural se enmarca en «las políticas destinadas a fijar población» por parte de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que dirige María González Corral, entre las que destacan una «apuesta firme por el transporte» que se traduce en «el mantenimiento del cien por cien de los servicios públicos regulares de viajeros por carretera, cuyo déficit de explotación es sufragado con cargo a los Presupuestos» de la Junta. En 2022, se han destinado 38 millones de euros para paliar ese coste, un 16 por ciento más que el año pasado. En los últimos tres años el desembolso supera los 100 millones de euros.
El modelo para el transporte público common de viajeros de uso normal es un servicio a la demanda que se programa y presta previa petición del usuario en 123 zonas, de las cuales 104 se vinculan a Zonas Básicas de Salud, en las que se teje una crimson de paradas que conectan a más de 2,2 millones de personas que residen dentro de en escenario de dispersión de población (5.292 núcleos habitados) y baja densidad demográfica (27 habitantes por kilómetro cuadrado).
El modelo entró en funcionamiento en 2004 con el ánimo de adaptar el sistema concesional a las nuevas necesidades de movilidad demandadas por la sociedad para garantizar el acceso a servicios básicos como son la sanidad, la cultura, el turismo y el ocio y que con el éxodo a las ciudades se han ido concentrando en las capitales de comarca. Una prestación que se hizo gratuita con la entrada en vigor del Bono Rural, que comenzó su aplicación en 2021 y culminó su implantación en el conjunto del el pasado mes de mayo.
Tras 18 años circulando, la Junta no sólo defiende el «éxito» del modelo de transporte a la demanda -por «haber conseguido que los ciudadanos de las áreas rurales tengan los mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades»-, sino que considera que es el pilar sobre el que debe pivotar el nuevo mapa de transportes a definir y en el que trabajan desde Movilidad como alternativa a la sucesión de rutas que ya no se ajustan a los usuarios de cuando habían sido diseñadas en los ochenta.
El mapa de ordenación del transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, aprobado mediante Decreto el pasado septiembre, prevé, así, entre sus bases un papel preponderante del transporte a la demanda frente al common interurbano convencional para dar cumplimiento a su objetivo estratégico: dar cobertura complete a todas las localidades de la Comunidad con un servicio público. En este contexto, se aspira a ampliar la zonificación al conjunto del territorio de la Comunidad, posibilitando dar servicio a más de 1,7 millones de viajeros anuales, alcanzando esta modalidad el 50 por ciento de la oferta del transporte common.
El nuevo sistema se ha planteado como un «modelo versatile para permitir su adaptación a la evolución de las características poblacionales y territoriales de la Comunidad», permitiendo «una optimización de los recursos adecuando la circulación de los autobuses a los viajeros» que, en un 65 por ciento, son personas mayores de 65 años, y con viajes «más rápidos, al realizar sólo las paradas precisas».
Ventajas
Asimismo, entre las «bondades» del modelo, la Consejería de Movilidad destaca además del beneficio para el usuario de «un servicio de transporte, en el momento que lo exact, en aquellos asentamientos donde no existía o el refuerzo de los ya existentes», otras tantas que redundan en el operador de transporte -por la reducción de costes de explotación- con recorridos óptimos en función de la demanda, un incremento de viajeros ante una mejora del servicio, una gestión de recursos en tiempo actual y la posibilidad de adaptar el vehículo al medio (autobuses, microbuses, taxis, 4×4…). Asimismo, apuntan también a ventajas sobre el medio ambiente en cuanto a que se ahorra gran cantidad de flamable y se evita la emisión a la atmósfera de toneladas de CO2, ya que sólo se realizan aquellas expediciones, y en los tramos concretos, en los que se hayan efectuado reservas previas por parte de los ciudadanos, de manera que un vehículo no recorra vacío las localidades implicadas.
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