Santiago de Chile, 9 nov. El Presidente de Chile, Gabriel Boric, sostuvo una reunión con parlamentarios de la región La Araucanía en vísperas de su viaje a la zona de conflicto territorial, despliegue que La Moneda ha manejado con máxima reserva en tanto la violencia rural es uno de los problemas más complejos que enfrenta el Gobierno.
La cita con los 15 parlamentarios de la región se dio la noche del martes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, y contó además con la presencia de la titular del Ministerio del Inside, Carolina Tohá, y la ministra Secretaria Normal de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.
“Vamos con buenas noticias, estamos trabajando firme en eso (…) los conflictos que hay en torno a la falta de trato que ha tenido el Estado con el pueblo mapuche, y también la violencia que ha existido en la zona que es absolutamente inaceptable”, señaló el mandatario en entrevista con un medio regional, haciendo referencia al viaje que hace meses es demandado por dirigentes de oposición.
No es, sin embargo, el primer intento del Ejecutivo para impulsar su política en la zona: a principios de octubre, una recién asumida ministra Tohá visitó La Araucanía y puso énfasis en la reactivación económica y seguridad, puntos de gran relevancia para el territorio en tanto concentra uno de los índices de pobreza y desempleo más altos del país.
La llegada de Tohá a la llamada “Macrozona Sur” fue el primer viaje de la cabeza de Inside a la región, al menos desde el fallido intento de la exministra Izkia Siches de entablar diálogo con algunas comunidades mapuche en conflicto tras ser recibida con tiros al aire mientras pasaba con su comitiva en una zona rural, en marzo pasado.
Esta zona sufre desde hace meses una escalada de sabotajes a maquinaria forestal, incendios a propiedades y viviendas, además de robo de madera y tiroteos, siendo el último hecho registrado la quema de un camión en la comuna de Lautaro esta madrugada.
Desde mayo pasado, el Congreso ha ratificado en más de una decena de oportunidades un estado de excepción constitucional en dos provincias de la región de Biobío y toda la región de La Araucanía, herramienta constitucional que permite el despliegue militar para que ayude a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía”.
Parte de la izquierda y los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias medidas más transversales y a largo plazo.
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