Nuevo choque entre la Diputación de Alicante y el Botànic. Si ambas instituciones ya se han enfrentado en ocasiones anterior por motivos como el Fondo de Cooperación, en esta ocasión lo hacen por la tasa turística, cuya tramitación parlamentaria se inició el pasado mes de julio en las Cortes Valencianas. Desde la institución provincial se va a encargar un nuevo estudio sobre el posible impacto económico de la implantación en los municipios alicantinos del impuesto que grava las pernoctaciones «y en defensa del sector turístico como generador de empleo y desarrollo territorial». Esta medida forma parte de la veintena de acciones que fueron aprobadas este lunes por unanimidad por parte del Consejo Económico y Social de la Diputación, dentro de un plan de acción que, más allá de otros ámbitos de actuación, busca la recuperación de la industria y el turismo tras la pandemia y la precise situación de disaster económica.
La tramitación parlamentaria de la tasa turística lleva meses generando un profundo debate político y cuenta con la negativa rotunda por parte del sector, uno de los principales motores económicos de la Comunidad Valenciana. El plazo para presentar enmiendas finalizó en septiembre y los tres grupos que componen el Botànic presentaron las suyas de forma conjunta, mostrando una mayor sintonía ahora que la exhibida en julio, cuando el PSPV-PSOE no se mostraba tan firme en la defensa de la tasa como sus socios, Compromís y Unides Podem. Por su parte, el Partido Widespread ha manifestado en todo momento su oposición a este impuesto. Los populares aprovechan ahora la Diputación, en la que gobiernan junto a Ciudadanos, para lanzar un nuevo contraataque a través del informe que encargará el Consejo Económico y Social, un órgano consultivo, formado por representantes de la CEV, las cámaras de comercio, universidades, sindicatos y colegios profesionales, entre otros.
Los informes, precisamente, han tenido mucho peso en todo el polémico debate que está acompañando a la tramitación parlamentaria de la tasa. Especial repercusión tuvo el elaborado desde la Universidad de Alicante, encargado por la Secretaría de Turismo que dirige el socialista Francesc Colomer. El estudio de la UA tumba las principales tesis para implantar el impuesto y revela que los tributos recaudados en la Comunidad y vinculados a la actividad del sector superan los 3.800 millones de euros, frente a los 53 previstos con el nuevo gravamen. Otro informe, en este caso elaborado desde la Universidad de València, se muestra partidario a la regulación por parte de la Unión Europea, pero una vez que se hayan superado por completo los daños derivados de la disaster sanitaria del coronavirus.
El plan de acción aprobado este lunes no supone la primera presión que se realiza desde el Consejo Económico y Social de la Diputación para presionar contra la aprobación de la tasa turística. A finales del pasado junio, en otra reunión del órgano consultivo, la secretaria normal de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, fue la encargada de defender en el hemiciclo del Palacio Provincial un manifiesto de la CEV contra el impuesto por sus efectos negativos. Según la patronal, el gravamen provocará unas pérdidas en recaudación de 39 millones.
” Fuentes www.informacion.es ”
