Más de 37,6 millones de mujeres estadounidenses en edad reproductiva se verán afectadas por esas restricciones frente a las 26,5 millones que viven en los 20 estados gobernados por demócratas que protegen e incluso planean expandir el acceso. Las más afectadas serán las mujeres de minorías raciales y de bajos ingresos.
La Casa Rosa vive sumida en una frenética cuenta atrás. El ritmo de trabajo aumentó desde que el caso llegó al Supremo el año pasado y aún más si cabe desde septiembre, cuando Texas logró con respaldo del Supremo poner en vigor una de las llamadas “leyes de latido”, que prohíbe los abortos después de solo seis semanas de gestación y ha impulsado un sistema perverso que permite a cualquier ciudadano demandar a cualquiera que colabore o preste ayuda para un aborto.
“Lidiamos con una carga masiva de pacientes de Texas y todo el sureste que se suma a la que ya teníamos normalmente”, explican desde la clínica. Se ha pasado de atender tres días por semana a cinco o incluso a veces seis. Se han contratado a dos médicos más, que como los otros tres que trabajan aquí -y a diferencia de la directora, Shanon Brewer, que vive en Jackson- viajan una vez al mes desde fuera del estado.
“Hacemos de escudo para las pacientes, queremos ofrecerles apoyo y defenderlas de ser acosadas e insultadas”, afirma la voluntaria Derenda Hancock
Con unas 300 pacientes a la semana, el tráfico no cesa. Las mujeres, por la ley de Misisipí, tienen que acudir dos días diferentes a la clínica. El primero reciben asesoría, en la que la ley estatal también obliga a los médicos a dar información científicamente no demostrada vinculando el aborto al cáncer de mama. Se les hace un sonograma, en el que también por ley se les debe preguntar si quieren ver la imagen. Y deben esperar al menos 24 horas para volver a someterse a la cirugía o tomar el Misoprostol y llevarse la Mifepristone, la medicación abortiva en dos fases que en Misisipí está legalmente prohibido recetar con telemedicina.
Para recibir a esas mujeres en el aparcamiento, aguardan con sus chalecos arcoirisados estampados con las palabras “escolta clínica” las voluntarias (y algún voluntario) de Pink Defenders, un grupo fundado en 2013 por Derenda Hancock y Kim Gibson. “Hacemos de escudo para las pacientes, queremos ofrecerles apoyo y defenderlas de ser acosadas e insultadas”, afirma Hancock.
Ese escudo humano que no hace falta al recibir ninguna otra atención médica aquí es necesario. Porque cada día llegan manifestantes antiaborto (“antis”, en palabras de Hancock) a este recinto donde las vallas exteriores están cubiertas por gruesas lonas de plástico negro, señales de “no traspasar” y múltiples cámaras de seguridad, y donde suena música por altavoces para tratar de ahogar los mensajes indeseados.
Este jueves las cosas están calmadas. Al menos no hay “pornografía de fetos”, como la activista califica las sanguinarias fotografías que se suelen desplegar en grandes carteles e incluso en camiones en las protestas antiabortistas. Pero esas imágenes sí aparecen en uno de los dos papeles que ofrece a los coches David Lane, un veterano del Ejército que se outline como “reverendo independiente”.
” Fuentes www.elperiodico.com ”
