El gobierno de la alcaldesa Ada Colau está resuelto a erradicar el negocio de los bicitaxis este mismo verano. Y para ello dispondrá de toda la complicidad del Govern. De todos los acuerdos suscritos ayer en la comisión mixta del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya es uno de los más solidos. Sin fisuras, sin peros, sin puntos suspensivos… Porque la propuesta de la alcaldesa Colau de limitar los cruceros que atracan en el puerto de la ciudad tendrá, a todas luces, un recorrido mucho más espinoso. No será tan sencillo.
Son en verdad dos cuestiones de máximo interés ciudadano. La vuelta a la normalidad y el regreso de los visitantes están poniendo de nuevo de manifiesto los inconvenientes de la masificación turística. Todo apunta a que este verano Barcelona marcará unos cuantos récords históricos. En estos momentos muchos vecinos de Ciutat Vella no se ven con ánimos de volver al pasado… Las quejas en torno a la descontrolada proliferación de bicitaxis circulando por donde Dios les da a entender son cada día más frecuentes. De ahí que el Ayuntamiento pida a la Generalitat que prohíba esta actividad económica en tanto que ostenta las competencias en materia de transporte de viajeros. La reunión de ayer dio luz verde a la constitución de una comisión destinada a vetar el negocio de los bicitaxis, trabajando para ello en tres ámbitos: seguridad, transporte y movilidad.
La alcaldesa Colau acusa al Govern de no actuar con determinación en materia de vivienda
El primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, detalló al respecto que, entretanto, a fin de que la ciudadanía no tenga que esperar mucho tiempo para ver en las calles los resultados de esta determinación institucional, el Ayuntamiento está ultimando un decreto para restringir este negocio principalmente sumergido y clandestino este mismo verano. Además, la Guardia Urbana prepara un nuevo plan de choque, tratará de frenar unos desmanes que ya son cotidianos. “Se trata de una actividad que no aporta nada a la ciudad, todo lo contrario, de modo que no la queremos”, concluyó el primer teniente de alcalde.
Lo de la limitación de los cruceros que atracan en la ciudad es otro cantar. Quizás no resulte tan sencillo. Laura Vilagrà, la consellera de Presidència, anunció que la Generalitat está ultimando un impuesto destinado a paliar los problemas medioambientales que conlleva este tipo de turismo. La consellera, sin embargo, no quiso considerar si el número de cruceristas que pasan por la ciudad es hoy día exagerado, si acaso convendría reducirlo. Hasta el nombre de la mesa de trabajo al respecto recién constituida por el Ayuntamiento y la Generalitat esconde matices. En principio esta mesa “se dedicará al estudio sobre la regulación de cruceros y su impacto turístico y ambiental”. Y su objetivo ya declarado en negro sobre blanco será “establecer las mejores soluciones para reducir el impacto ambiental y la masificación turística de los cruceros”. Ayuntamiento y Generalitat invitarán a la Autoritat Portuària y al Estado a participar en esta mesa de trabajo.
Ambas instituciones abordarán también la regulación de los cruceros que atracan en el puerto
De todas formas, la alcaldesa no quiso aguarse la fiesta y se mostró satisfecha de este punto de partida. Ada Colau subrayó que buena parte de los cruceristas que pasan por la ciudad apenas desembarcan durante cuatro horas, que su gasto en Barcelona es más bien escaso, que en realidad no hacen otra cosa que saturar el espacio público y generar problemas de movilidad, principalmente en el centro. Además, Colau entiende que los esfuerzos de esta mesa de trabajo tendrán consecuencias relevantes dentro de pocos meses. A juicio de la alcaldesa las cosas están muy claras. Los estudios sobre los cruceristas que pasan por la ciudad son sesudos y recientes. Las decisiones no pueden hacerse esperar.
En realidad, los más duros reproches de la alcaldesa a la Generalitat son bien conocidos y encima muy antiguos, los relativos a la vivienda. Colau aseguró una vez más que el Ayuntamiento de Barcelona es, de muy largo, la administración que más trabaja para solucionar los problemas de acceso a la vivienda, y lamentó de un modo muy sentido los resultados de las políticas de la Generalitat en esta materia. La alcaldesa Colau confía en reunirse en breve con el president Aragonès para tratar esta cuestión.
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