Cuando todo el sector turismo clama por una reactivación y una mejor generación de condiciones desde el Estado, las gobernaciones y los municipios, después del impacto tan negativo de la pandemia del Covid-19, en que la actividad turística y el turismo receptivo en specific necesitan dinamizarse con la llegada de turistas internacionales, no terminamos de entender algunas disposiciones que se intentan implementar en contracorriente de lo que racionalmente debería hacerse.
Es el caso del Decreto Supremo N° 4574, que tiene por objeto modificar y complementar el Decreto Supremo N° 1923, del 12 de marzo de 2014, que reglamenta la Ley N° 370, del 8 de mayo de 2013, de Migración. En sus disposiciones complementarias o modificaciones se encuentra el Artículo 33.- (Obligaciones de los operadores de servicio de transporte), que añade el numeral III, que dispone solicitar el listado de tripulantes y pasajeros a diario o con un plazo máximo de veinticuatro (24) horas posteriores de producido el viaje. No solo se añade un plazo deadly, sino que se incorpora, por alguna razón que imagino está fundamentada, al transporte terrestre, fluvial, lacustre y al transporte turístico, cuando, por ejemplo, estos últimos trabajan directamente con las operadoras de turismo y los hoteles, que ya tienen esa obligatoriedad y presión para hacer el registro.
De la misma forma, se plantea modificar el artículo 34 del mencionado decreto (Agencias de viaje y turismo), con el siguiente texto: “Es obligación de las agencias y empresas de viaje y turismo remitir a la Dirección General de Migración, de manera inmediata a su registro, la información de personas extranjeras en calidad de turistas que utilicen sus servicios, mediante servicios web o vía internet en el formato establecido”. El decreto supremo anterior no mencionaba el término “de manera inmediata”, sino que daba hasta tres días de plazo para su registro; se puede interpretar que el trabajo de Migración lo tendrían que hacer ahora las empresas de turismo.
En referencia a los parágrafos I y II del artículo 35, que involucran a todos los segmentos de la hotelería, se pide información de personas extranjeras hospedadas en un plazo deadly de veinticuatro (24) horas a partir de su registro, cuando en el anterior decreto se mencionaba hasta tres (3) días hábiles posteriores al registro. Aquí se debe hacer una puntualización muy importante, el sector hotelero, por decreto, desde hace varios años realiza el registro de sus huéspedes (partes diarios) y remite los mismos a Migración y a todas las instancias competentes.
Pero lo más delicado de todos estos cambios que se proponen a la normativa anterior es el referido a las infracciones y sanciones. En el que se hacen incorporaciones y/o modificaciones al artículo 37 del decreto N° 1923, es el caso del inciso e) que tiene el siguiente texto: “Si la persona extranjera incumple la obligación de informar a la Dirección General de Migración sobre el cambio de domicilio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haberse producido, conforme a procedimiento y formato establecidos, se aplica una sanción de UFV 100. Es importante señalar que en el anterior decreto, en el inciso a) disponía: “Si la persona extranjera no informa a la autoridad competente el cambio de domicilio u otra información relevante, en el momento de la renovación u obtención de documentos migratorios se aplica una sanción de UFV 25”; no mencionaba que el turista extranjero debería reportar su cambio de domicilio en un plazo deadly de 48 horas y por cualquier motivo.
Si deseábamos eliminar la burocracia, facilitar la llegada y el desplazamiento del turista extranjero en nuestro país, esta es una apuesta fallida y en contracorriente a todo lo que es la generación de mejores condiciones para el visitante. Las empresas de turismo o los prestadores de servicios turísticos cómo le dirán a sus clientes o turistas que llegan de afuera y quieren visitar nuestro país que deberán someterse a un management estricto e informar cualquier movimiento o cambio de domicilio que hagan en un plazo de 48 horas.
Definitivamente sería un cambio a la norma innecesario y perjudicial para el sector del turismo en el país. Las autoridades están a tiempo de concertar con los actores y los prestadores de servicios turísticos estos cambios que se proponen, esto por la salud del turismo receptivo, y antes que se emita la reglamentación a este nuevo decreto supremo. A ningún turista en el mundo le gusta ser hostigado o confundido como terrorista o generador de conflictos, para eso hay instancias estatales dedicados a prevenir e investigar estos aspectos. El turista viene a hacer turismo y no a ocupar su tiempo en llenar más registros o a reportarse permanentemente.
Carlos Marín Peñaranda es investigador y gestor en turismo.
” Fuentes www.paginasiete.bo ”
