La Procuraduría Basic abrió cuatro indagaciones preliminares en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
La primera por haber dicho, mediante un tuit, que el grupo GEA se comportaba como un cartel. La segunda, por haber salido del país sin permiso del Concejo, la tercera también por cuenta de unos tuits en donde supuestamente habría sido ofensivo con el sindicato de EPM y UNE (Sinpro), durante el enfrentamiento que tuvo con la junta de esa compañía por el proyecto de Hidroituango, y una cuarta por emitir afirmaciones en contra de El Colombiano.
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Las pesquisas son adelantadas por el despacho de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, que entre el 18 y 19 de enero de 2022 profirió autos de apertura de indagación preliminar. Estos procesos fueron notificados a la opinión pública mediante edictos publicados en la página internet del Ministerio Público este martes.
El primer auto investiga si el alcalde de Medellín actuó sin responsabilidad al viajar a la ciudad de Miami el 18 y 20 de noviembre de 2021, al parecer sin contar con autorización del Concejo de Medellín.
Tal cual se informó en ese momento, varios concejales denunciaron que Quintero recibió una autorización del cabildo municipal para asistir al evento Sensible Metropolis Expo Congress en Barcelona, España, del 15 al 18 de noviembre del año pasado.
Los dos días siguientes, al parecer sin informarle al Concejo, viajó a Miami para reunirse con el empresario Moishe Mana y asistir a un evento social en una tienda deportiva del ciclista Rigoberto Urán.
El segundo auto se emite por las irregularidades que pudieron existir con las manifestaciones “presuntamente irrespetuosas y descalificativas en contra del sindicato de EPM y UNE (Sinpro) en Twitter, el 3 de octubre de 2021”.
En un trino publicado en esa fecha, en momentos en los que había un fuerte debate por la condena de responsabilidad fiscal emitida por la Contraloría, el alcalde declaró: “Sinvergüenza Sinpro pide que contratistas no paguen por detrimento patrimonial en Hidroituango” (sic).
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Y el tercer auto por “las manifestaciones, aseveraciones y calificaciones que hizo el mencionado funcionario de las empresas que hacen parte del GEA, en una entrevista a un medio de comunicación el 9 de enero de 2022”.
El 9 de enero, Quintero se refirió a las empresas integrantes del Grupo Empresarial Antioqueño -GEA- y aseguró: “Ellos son carteles en cierta medida, en el sentido de que se asocian para conseguir sus objetivos y muchos son objetivos honestos. ¿Dígame cómo se puede considerar honesto que los responsables de Hidroituango no pagaron? Estas empresas y estos políticos se unieron para que esto pasara. Entonces, se comportan como carteles hay de decirles lo que son exactamente”.
Así mismo, cuando le preguntaron que si el GEA es un cartel, el alcalde respondió, “: Incluso están condenados por cartelización en varios lugares del mundo. Argos tiene por lo menos cinco procesos y condenas. En Estados Unidos acaban de ser condenados hace menos de un .año por cartelización, en Venezuela tienen otro fallo por lo mismo, en Colombia de la misma manera y en otros procesos los han perdonado”.
En un cuarto auto, el Ministerio Público cuestiona a Quintero y a Fredy Esteban Restrepo, secretario de gobierno de Medellín, por manifestaciones en las que afirmaron, en octubre, que el diario El Colombiano, period un “pasquín”.
El 20 de octubre de 2021, Esteban Restrepo publicó: ‘A ustedes les parece que el diario @elcolombiano es (i) un diario serio (ii) un pasquín”
Mientras que el 22 de octubre de 2021, Daniel Quintero Calle publicó: “Respetamos a la prensa libre e incluso a la que se ha vendido. Son los ciudadanos los que castigan a un medio con la irrelevancia ante la evidencia de que en su junta directiva estaban constructores sancionados por Hidroituango. Cientos de noticias sin mostrar que intereses defienden (…)”.
De acuerdo con una queja presentada a la Flip, “las afirmaciones efectuadas por los funcionarios públicos violentaron el derecho a la libertad de prensa e incurrieron en censura a los medios de comunicación”.
Tras la apertura de la indagación preliminar, lo que sigue es la recolección de pruebas por parte de la Procuraduría. Con base en ellas se decidirá si los casos se archivan o si hay méritos para avanzar a la etapa de investigación disciplinaria formal.
” Fuentes www.eluniversal.com.co ”
