En Guanajuato, particularmente en el municipio de Celaya, los cárteles luchan abiertamente por el territorio, pero también siguen altos los índices de otros delitos del crimen organizado, como la extorsión, la desaparición forzada, el robo de autos y el asalto a camiones. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá han emitido alertas de viaje a sus ciudadanos. Y la población native, ante los constantes riesgos que implica salir a la calle, cierra sus negocios, trata de encerrarse y no sale de noche.
CELAYA, Gto. (Proceso).- El 9 de diciembre la Policía Municipal de Celaya recibió un aviso de los empleados de la recepción en un lodge céntrico de esta ciudad: dos personas llegaron a hospedarse “en actitud sospechosa”, una de ellas menor de edad. Cuando los policías acuden y hablan con ellos, se dan cuenta de que fueron víctimas de secuestros virtuales.
Ambos, por separado, recibieron llamadas a sus teléfonos celulares; con engaños les hicieron dirigirse al lodge y hospedarse para esperar instrucciones. La menor, una quinceañera, contó a los policías que la voz masculina de la llamada la amenazó, que tuvo miedo e hizo lo que le ordenó.
Fue el enésimo caso comparable que llegó a la corporación municipal y fue atendido por un grupo de exagentes federales integrados en el trienio pasado. Las dos víctimas son celayenses, pero habitantes de municipios vecinos, como Comonfort, Apaseo el Alto o Apaseo el Grande han recibido llamadas similares y fueron obligadas a hospedarse en hoteles de Celaya.
El impacto de la delincuencia, por cuyo liderazgo pelean ferozmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Santa Rosa de Lima, se expande en la Región Laja-Bajío, la segunda zona metropolitana más grande de Guanajuato, de la que forman parte Juventino Rosas, Villagrán, Cortázar, Comonfort, Jaral del Progreso, Tarimoro, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande. El corazón de esta región es Celaya.
Esta ciudad, de poco más de medio millón de habitantes, concentra casi la mitad de la población complete de la región Laja-Bajío. En los últimos años la violencia ha invadido todos los espacios y cobrado vidas en prácticamente todos los espacios, incluyendo la comandancia de policía y los panteones.
Sus habitantes buscan ponerse a salvo cerrando con rejas los accesos de sus colonias y, cuando se puede, contratan vigilantes. También modifican sus horarios, hábitos y rutas.
Aun así, restaurantes, centros botaneros, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, tortillerías y otros giros han cedido al miedo, a la extorsión o a los ataques a balazos y han bajado sus cortinas. Datos de la cámara de la industria restaurantera native refieren que este año, hasta para mediados de noviembre, habían cerrado por lo menos 25 empresas afiliadas al organismo por la pandemia y la inseguridad. El año anterior cerraron al menos una decena de agencias automotrices, tortillerías y bares.
Los reportes de extorsión en el estado crecieron en más de mil 200% de 2020 a 2021. Mientras que de enero a octubre del año pasado se habían denunciado 14 casos (según las carpetas iniciadas por la fiscalía del estado), en el mismo lapso de este año ya eran 209, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Muchos de los negocios que sufrieron extorsión cerraron temporalmente, pero otros no volvieron a abrir porque fueron objeto de ataques armados o asesinatos.
” Fuentes www.proceso.com.mx ”
