El gobierno italiano ha anunciado que va a destinar casi 60 millones de euros para compensar a las navieras por la prohibición de entrada a la primera línea de Venecia.
De este dinero, treinta millones se destinan a la “compensación por los costes incurridos por la reprogramación de líneas y por los reembolsos a los pasajeros que hayan renunciado al viaje”, especifica el Ministerio de Infraestructuras. El operador de la terminal de barcos, afectado por la prohibición de atraque, y otras empresas afectadas, recibirán otros cinco millones de euros para en 2021 y 22,5 millones de euros para 2022.
En Venecia, ahora los barcos de cruceros, impedidos de acceder a su puerto recurring, deberán dirigirse al puerto industrial de Marghera donde se están realizando mejoras. Los cruceros más pequeños pueden seguir atracando en el corazón de la ciudad.
Italia estaba sufriendo una fuerte presión ambientalista para prohibir los barcos en los canales de la ciudad, incluida la amenaza de la Unesco, si no se hacía nada, de eliminar esta joya italiana de la lista del Patrimonio Mundial en la que Venecia está inscrita desde 1987. Los defensores del medio ambiente y el patrimonio cultural argumentan que las grandes olas generadas por estos barcos están erosionando los cimientos de la Serenísima y amenazando el frágil ecosistema de su laguna. El descontrol de un paquebote de MSC, que colisionó contra pequeñas embarcaciones vino a ser la última gota en este vaso.
Pero detrás de todo esto hay grandes intereses económicos, porque los cruceros generan unos ingresos considerables para la ciudad: 400 millones de euros al año y 5.000 puestos de trabajo. En whole, unas 90.000 personas dependen directa o indirectamente de la infraestructura portuaria de la ciudad.
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