El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, aseguró el lunes que su departamento ya no utilizará al proveedor de pruebas de coronavirus del condado, por preocupaciones sobre los supuestos vínculos de la compañía con el gobierno chino.
En una carta dirigida a la Junta de Supervisores, Villanueva destacó que el FBI lo contactó la semana pasada y realizó una sesión informativa después del Día de Acción de Gracias para transmitirle “los riesgos graves asociados con permitir que Fulgent realice pruebas de COVID-19″ a los empleados del condado.
Villanueva añadió que los datos de ADN obtenidos “no tienen garantía de seguridad y protección de gobiernos extranjeros” y que el FBI advirtió que es probable que la información se comparta con China. Fulgent Genetics, señaló en la carta, tiene “fuertes vínculos” con las empresas de tecnología y genómica chinas, pero no dio más detalles sobre cuáles son esos lazos.
Villanueva asistió a una sesión informativa en la oficina de campo del FBI en Los Ángeles junto con el principal fiscal y director ejecutivo del condado. Un portavoz del FBI se negó a comentar cuando se le pidió que confirmara lo discutido en la reunión.
La supervisora del condado de Los Ángeles Sheila Kuehl fue invitada a la sesión informativa por mensaje de texto, pero expresó que no pudo asistir porque se encontraba de viaje fuera de la ciudad para el Día de Acción de Gracias.
“Por lo que escuché sobre la sesión informativa, no había ninguna evidencia, cero evidencia, de que Fulgent hubiera violado algo o tuviera alguna relación con el gobierno chino que fuera perjudicial para la información presente en las muestras que analizan”, comentó.
No está claro si el FBI alertó a alguna de las otras agencias federales, estatales o locales que usan Fulgent. “No tenemos pruebas de que se hayan reunido con nadie, además de nosotros”, destacó Kuehl.
El contrato con Fulgent prohíbe la divulgación de datos recopilados sin el permiso por escrito y exige que la compañía almacene y procese los datos en Estados Unidos, enfatizó el condado en un comunicado emitido el lunes.
Las agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, también tienen contrato con Fulgent, que está certificada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), acreditado por el Colegio de Patólogos Estadounidenses y autorizado por el Departamento de Salud Pública de California, según la nota. La empresa tiene sede en Temple City.
“Si se confirma una amenaza creíble, o si el gobierno federal toma alguna medida para rescindir su certificación, tomaremos cartas en el asunto de manera inmediata para garantizar que no se haga un uso indebido de los datos de los empleados”, agregó el comunicado del condado.
En marzo, Fulgent afirmó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) le adjudicaron un contrato para proporcionar secuenciación genómica de muestras positivas aleatorias.
Villanueva afirmó en su carta que el laboratorio “no intenta disimular el hecho de que utilizará la información genética obtenida en estudios futuros”. “Entrar en un contrato sin llamado a licitación con Fulgent Genetics y permitirles tener los datos de ADN obtenidos de las pruebas obligatorias de COVID-19 para propósitos desconocidos destruyó la confianza de mi personal en todo este proceso bajo el mandato del condado”, escribió el sheriff.
Los empleados del condado deben registrar su estado de vacunación con Fulgent, y aquellos que no están inoculados tienen que someterse a pruebas periódicas.
La Asociación Profesional del Sheriff de Los Ángeles, un sindicato con alrededor de 1.850 miembros, presentó una denuncia por la exigencia de registro, alegando que sus miembros se ven obligados a dar información confidencial médica y personal de los agentes del orden público.
Villanueva sostuvo que el Departamento del Sheriff usaría su propio sistema de registro y trabajaría con compañías de pruebas aprobadas, que no están vinculadas con Fulgent.
La supervisora Janice Hahn expresó el lunes que Villanueva debería concentrarse en hacer cumplir el mandato de vacunación de los empleados del condado. “Me gustaría que el sheriff se encargara de hacer que sus agentes se inoculen en lugar de preocuparse por cómo se hacen las pruebas a los no vacunados”, señaló en un comunicado.
Villanueva aseguró con dramatismo que el mandato provocaría un éxodo masivo de empleados. A principios de este mes, aproximadamente el 53% de los 16.070 empleados del Departamento del Sheriff, tanto juramentados como civiles, habían recibido al menos una dosis de la vacuna.
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” Fuentes www.latimes.com ”
