El debate irresuelto sobre quién debe hacerse cargo de la tributación de las dietas de desplazamiento de los diputados del Parlament ha vuelto a poner el foco sobre la financiación de la labor legislativa. Cada grupo parlamentario recibe cada año una subvención (según su número de escaños) y rinde cuentas ante la Mesa de la Cámara. En los ejercicios de 2018 y 2019, los últimos disponibles, las ayudas sumaron 33 millones. Un repaso a los balances muestra que, globalmente, un 29,7% de las subvenciones se dedicaron a la actividad estrictamente legislativa. El resto, como lo permite la ley, terminó en las arcas de los partidos.
La casuística varía entre el modelo de ERC —transferirlo prácticamente todo al partido, que consolida las cuentas de todos los organismos de los que recibe subvenciones— y el de la CUP, que argumenta que el dinero que traspasa a la formación es “en pago” por servicios prestados al grupo parlamentario. Se entienden como conceptos imputables a la actividad legislativa lo dedicado al capítulo de private (asesores) y el gasto ordinario (viajes, informes, imagen, entre otros).
El reglamento del Parlament especifica la finalidad de la subvención. Con ella se pretenden garantizar “los recursos humanos y de los medios materiales necesarios para ejercer con eficacia y eficiencia sus funciones, especialmente en el ámbito del asesoramiento técnico y el apoyo administrativo”. Pero su uso termina siendo más amplio. La Ley de Financiación de Partidos Políticos, de 2007, establece que esas ayudas son una de las fuentes públicas de financiación de los partidos. Juan Rodríguez Teruel, profesor en Ciencia Política de la Universidad de Valencia, agrega que no existe un límite al respecto.
Las bancadas del Parlament coinciden en la concept de que hay mucha actividad parlamentaria que se hace desde la cercanía de las agrupaciones y el despliegue territorial de los partidos. Lo cierto es que la cantidad de dinero de la subvención que se queda para las iniciativas legislativas es la que es y se ve especialmente afectada por la variación de los resultados electorales.
Elección tras elección, los cambios en el peso de los grupos en la Cámara obligan a redimensionar sus equipos. El mayor ejemplo es el del PP, que tras el desplome de las elecciones de finales de 2017 (de 11 a cuatro diputados) tuvo que ajustar su plantilla de asesores. En 2018 recibió una subvención del Parlament de 655.536 euros, de los cuales destinó el 73% a private. En 2019, esto se redujo al 20%. El gasto corriente esos dos ejercicios fue de casi 19.000 y 46.000 euros, respectivamente.
El grupo parlamentario del PSC fue, de largo, el que menos dinero dedicó a gasto corriente. En 2018 fueron 1.769 euros y, al año siguiente, 2.534 euros en el epígrafe de gastos exteriores. Pese a ello, el porcentaje de la subvención dedicada a la actividad en la Cámara se mantuvo relativamente estable como resultado de mantener una media de 12 asesores y administrativos al mes. Ciudadanos, gracias al superávit de ejercicios anteriores, transfirió al partido, en 2019, más dinero del que había recibido como subvención. Según su steadiness, disponible en el apartado de transparencia de la página internet del Parlament, ese año recibió como primer partido de la Cámara 4,2 millones de euros. Las arcas del partido recibieron, sin embargo, 4.510.697 euros. Los naranjas dedicaron en los dos años analizados un promedio de 785.000 euros si se suma su gasto ordinario más el private, aunque la proporción sobre el whole varía (16% y 18%, respectivamente).
Los números de Junts per Catalunya revelan la lucha interna entre el PDeCAT y los más fieles a Puigdemont. También la losa de Convergència. En 2018, a CDC se transfirieron 2,33 millones (al año siguiente, 111.500 euros). A los neoconvergentes, 944.480 euros y 2,48 millones, respectivamente. Los de Carles Puigdemont y los naranjas son las dos formaciones que más detallan su gasto corriente y, por tanto, quedan más expuestas al escrutinio. Junts, en ambos años, prácticamente dobló el dinero que dedicaba a private y, en 2019, llegó a dedicar el 36% de su presupuesto a la actividad parlamentaria.
Los comunes, finalmente, han dedicado en los dos años analizados el 60% del dinero que han recibido en concepto de subvención al partido. En 2018 dedicaron 33.532 al gasto corriente, al año siguiente ese ítem rozó los 50.000 euros. ERC, en 2018, declara un gasto ordinario de 166.695 euros de los cuales 146.090 (87%)son una transferencia al que fuera su socio en las elecciones de 2017, Demòcrates. La CUP, en 2019, dedicó el 68% de la subvención al private que le asiste en la Cámara catalana.
Poca transparencia
Pese a que la presentación de los balances es estandarizado, según las directrices del Tribunal de Cuentas, el nivel de detalle al que cada formación baja es desigual. Ciudadanos y Junts, por ejemplo, son los que más detallan su gasto corriente. Catalunya En Comú Podem, directamente, no hace ningún tipo de desglose y engloba todo su gasto en el epígrafe “servicios exteriores”.
La partida más voluminosa en las cuentas de los de Carles Puigdemont (Junts) son los viajes y alojamientos, 226.742 euros en los años analizados. En la formación recuerdan que esos dos años coinciden con “el inicio del exilio del president Puigdemont” y por tanto las reuniones de todo el grupo con él eran fundamentales en el funcionamiento del grupo. En 2018, Junts también dedicó 99.716 euros a la partida de “asesoramiento estratégico” —sin especificar— y 28.202 en “estudios e informes”. Otra partida, aún más indeterminada, llama la atención: 59.371 euros en “gastos de representación” durante los dos años.
Ciudadanos, entonces el mayor grupo de la oposición, dedicó 23.393 euros a servicios profesionales de “abogados y procuradores”. En el tiempo en que Inés Arrimadas period la jefa de la oposición, destinaron más de 14.000 euros en viajes y otros 6.000 euros en estilismo y fotografía. Aquí, la partida cajón de sastre se llama “otros gastos” y figuran 8.600 euros en dos años.
Los socialistas, por su parte, hacen un listado de “gastos de funcionamiento” pero sin cuantificarlos. Incluyen, entre otros, “servicios profesionales” u “oficinas parlamentarias territoriales”. ERC, en 2018, informa de 19.118 euros en “servicios profesionales independientes”; 490 euros en materials de oficina y 138 euros en “gastos de representación”. En 2019, no hace desglose alguno.
” Fuentes elpais.com ”
