Página Siete Digital
El proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo prevé investigar y sancionar a los sectores formales e informales, pero excluye a cocaleros.
La normativa especifica que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” debe informar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre sospechas de legitimación de ganancias ilícitas. Además debe emitir la información que la entidad estatal requiera para fines investigativos.
“Tienen el deber de remitir información a requerimiento de la UIF en los plazos y condiciones que ésta defina al efecto, las personas naturales y jurídicas que se dedican a las siguientes actividades comerciales y no comerciales:
a) Comercialización de inmuebles y muebles sujetos a registro;
b) Comercialización de obras de arte y objetos arqueológicos.
c) Comercialización de armas de fuego;
d) Actividades hoteleras, servicios de turismo y agencias de viaje;
e) Construcción de carreteras e infraestructura vial;
f) Transporte aéreo nacional o internacional que operan en territorio nacional;
g) Usuarios u operadores directos e indirectos de zonas francas, despachadores de aduanas y empresas de importación y exportación”.
h) Exploración, explotación y comercialización de recursos naturales;
i) Servicios educativos y de formación;
j) Asociaciones civiles, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones políticas, agrupaciones y toda organización sin fines de lucro; y
ok) Otras actividades económicas establecidas en el Código de Comercio” detalla el artículo 18 del precepto.
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El plan normativo establece sanciones como amonestaciones, multas pecuniarias, prohibición temporal para realizar actividades, revocatorias de licencia de funcionamiento y otros.
Además establece el decomiso de bienes y el congelamiento de cuentas, en caso de que se comprueba la legitimación de ganancias ilícitas o financiamiento al terrorismo.
“No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”, especifica el aparato 11.
En el caso de terrorismo, quienes incurran en este delitos serán sancionados de 14 a 20 en prisión. Financiamiento al terrorismo de 15 a 20 años de cárcel. Legitimación de ganancias ilícitas de cinco a ten años de reclusión.
Oposición
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar manifestó que la norma pretende criminalizar al sector formal e casual, también a la oposición. También sancionar a los que piensen diferente al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“El MAS es el principal culpable de que más de 80% de la población tenga que vivir de la informalidad, por las trabas burocráticas y políticas en las políticas económicas. En este entendido quieren seguir sacándole la plata a los bolivianos con esta sanción administrativa”, explicó Nayar.
La parlamentaria señaló que desde el Gobierno pretenden usar esta normativa como una medida de “extorsión, represión y abuso” para los sectores formales, casual y personas naturales.
MAS
El parlamentario oficialista Héctor Arce manifestó que el proyecto de ley es “para todos”los sectores. Añadió que se pretende evitar que personas sean beneficien con hecho ilícitos, que de la noche a la mañana les generan grandes recursos económicos.
“Hay gente que se dedica al narcotráfico y corrupción en las instituciones públicas, hay gente que de la noche a la mañana aparecen un patrimonio enorme, con mansiones. El que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer, entonces la ley no debe preocuparles”, manifestó.
Arce agregó que existe mucha susceptibilidad en la oposición, puesto en los conflictos de 2019 grupos de movilizados contra el gobierno de Evo Morales “manejaron armas y eran financiados”. Por eso indicó que con el precepto buscan evitar este tipo de hechos.
” Fuentes www.paginasiete.bo ”
