El Tribunal de Cuentas Europeo denunció ayer una flagrante aunque sobradamente conocida vulneración de los derechos de los clientes de aerolíneas y agencias de viaje ante el colapso de la movilidad a partir de marzo del 2020. Con la suspensión de los viajes se volatilizó también el derecho de los viajeros a recuperar las cantidades abonadas por sus pasajes una vez pasados siete o catorce días, como marcan las leyes europeas.
El tribunal pone en la picota no solo a las empresas turísticas, también a los gobiernos que permitieron imponer a los viajeros la aceptación de bonos de viajes, sin cobertura ante posibles quiebras, como medida de excepción, que adoptaron pensando más en ayudar a las empresas que en respetar los derechos de los consumidores. El organismo auditor denuncia incluso la actuación de la Comisión Europea, que autorizó rescates exprés (54 líneas de ayudas aprobadas en 13 días), a los que se destinaron 35.000 millones de euros, sin vincular esas ayudas a la devolución del dinero que legalmente pertenecía a sus clientes. “Los clientes se vieron obligados a ejercer de banqueros” de las aerolíneas, destaca.
Europa denuncia que los estados que rescataron a las aerolíneas no velaron por los derechos de sus clientes
Sin ningún rubor, las aerolíneas han reconocido desde el primero momento que haber devuelto el dinero respetando las leyes de consumo habría dañado sus reservas de liquidez e incluso podría haberlas llevado a la quiebra. Es más, las agencias de viaje españolas han hecho un llamamiento a sus clientes para que no reclamen el dinero que se les debe una vez que la semana pasada venció la moratoria dada a los bonos de viajes, que se impusieron como obligación hace un año.
Saltarse la ley no ha tenido ningún efecto hasta ahora. Las denuncias de particulares que llegan a los tribunales son mínimas y la justicia es lenta. “Llegarán antes los viajes de los bonos que las sentencias de los tribunales”, advertían las agencias la semana pasada. Tampoco tiene consecuencias su manifiesta opacidad. El Tribunal de Cuentas Europeo admite que “las compañías no nos han facilitado información”. Nadie conoce el verdadero alcance del problema. En España las agencias lo sitúan en entre 100.000 y 150.000 millones de euros solo en su sector.
El tribunal propone una serie de recomendaciones para solucionar el problema. Sin duda la más acertada para evitar que los clientes sigan actuando como banqueros a la fuerza es la limitación de “la capacidad de las compañías de pedir pagos adelantados”. Se refiere a las compañías de transporte, pero no estaría de más abrir el foco. Porque clientes banqueros los hay en ese y en otros muchos sectores, en función de un modelo de comercialización de bienes y servicios que no por authorized deja de ser perverso. ¿Se imaginan pagando la bebida que se toman con los amigos con meses de antelación? ¿Ilógico? Entonces, ¿por qué se permite con viviendas, muebles, servicios dentales y hasta academias de idiomas? ¿Por qué esperar a una nueva disaster?
” Fuentes www.lavanguardia.com ”
