En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la Red de Mujeres por la Salud (REMUSA) solicita a los tres órdenes de gobierno garantizar que la interrupción del embarazo se consolide como un servicio de salud pública, gratuito, oportuno y libre de estigma.
A pesar de que México ha logrado avances históricos con la legalización del aborto en distintos estados y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que despenalizaron el aborto en todo el país, persisten brechas en el acceso a este derecho que afectan particularmente a las mujeres y niñas en mayores condiciones de vulnerabilidad:
Desigualdad territorial: Mientras en las grandes urbes existen clínicas públicas especializadas, mujeres y niñas en zonas rurales e indígenas continúan sin acceso a servicios locales de calidad.
Persistencia del aborto inseguro: Las barreras institucionales y sociales, como el límite de 12 semanas y el trato médico inadecuado, obligan a cientos de mujeres a recurrir a abortos clandestinos, que pueden ser inseguros cuando no cuentan con el acompañamiento adecuado. Las complicaciones derivadas de abortos mal practicados forman parte de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna prevenibles.
Objeción de conciencia e infracobertura: La falta de atención capacitada, con perspectiva de género, y de acceso a insumos, como el misoprostol y la mifepristona, en los primeros niveles de atención obstaculiza el ejercicio pleno del derecho a la salud.
Desde la perspectiva de la Red de Mujeres por la Salud, la interrupción legal del embarazo debe abordarse bajo un enfoque integral de salud pública y derechos humanos. Criminalizar o restringir este servicio no frena su práctica; únicamente eleva los riesgos sanitarios y perpetúa la discriminación hacia las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.
“La falta de reconocimiento y de acceso efectivo al aborto como derecho humano perpetúa la desigualdad de género, especialmente contra las personas que ya viven discriminación por su condición económica, identidad de género y origen étnico o racial. La labor del Estado es garantizar que todas las mujeres puedan decidir de manera libre, segura e informada sobre su proyecto de vida y ejercer la autonomía sobre sus cuerpos, y eso requiere que se asignen los recursos necesarios a este tema.”, aseguró Isabel Rubio de la Red de Mujeres por la Salud.
Sobre las necesidades que existen en México es indispensable que se considere:
Infraestructura y abasto: Disponibilidad garantizada de establecimientos de salud, medicamentos e insumos en todo el país.
Capacitación y sensibilización: Formación continua y con perspectiva de género al personal médico para eliminar la violencia institucional y obstétrica.
Educación Sexual Integral (ESI): Implementación de campañas de información y acceso oportuno a métodos anticonceptivos y consejería para prevenir embarazos no planeados.
