Luego de la presentación del Paquete Económico 2027, representantes de organizaciones de la sociedad civil y academia evaluaron la política fiscal hacia las bebidas alcohólicas y señalaron la urgencia de actualizar el esquema tributario actual para hacer frente a los graves estragos económicos y de salud pública que genera su consumo en el país.
De acuerdo con estimaciones, los costos económicos directos e indirectos generados por enfermedades causadas por el alcohol superan los 552 mil millones de pesos anuales. Esta cifra contrasta significativamente con la recaudación fiscal captada a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a este rubro, la cual apenas cubre una fracción menor del gasto público destinado a compensar estos daños.
En opinión de Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, “la Ley de Ingresos 2027 presentada ayer no incluye una actualización o aumento de los impuestos a bebidas alcohólicas. Esto es lamentable, considerando los gastos directos e indirectos para los subsistemas de salud, así como las consecuencias sociales y económicas para las familias. En tal virtud, las organizaciones civiles e instituciones aquí representadas hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a la Comisión de Hacienda y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que reconsidere un aumento significativo del impuesto a las bebidas alcohólicas en la Ley del IEPS, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en el paquete de políticas e intervenciones SAFER, donde los ajustes a la política fiscal son la medidas más costo-efectiva para reducir el consumo”.
Carlos Guerrero, Economista de la Salud Senior de Economics for Health-Johns Hopkins University, expuso que los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas en México están entre los más bajos del mundo, lo que hace que estos productos sean muy asequibles en el país. Asimismo, señaló que el Paquete Económico 2027 no prevé modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a las bebidas alcohólicas. Incluso, se pronostica una menor recaudación por este durante 2027 respecto a 2026. Mencionó que, en este contexto, no fortalecer los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas implica mantener áreas de oportunidad en términos de la estructura del IEPS, de hacer que las bebidas alcohólicas sean menos asequibles y con ello beneficiar la salud y las finanzas públicas.
Alonso Robledo, Vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol señaló “El aumento de los impuestos al alcohol es una de las medidas más costo-efectivas para reducir su consumo y, con ello, prevenir enfermedades, lesiones y muertes. No se trata solamente de recaudar más; se trata de hacer menos accesible un producto que causa daños y utilizar la política fiscal como una herramienta de prevención. No se trata de cobrarle más a la población: se trata de que el precio del alcohol refleje, al menos en parte, el enorme costo que hoy estamos pagando todos”.
Luis Alfonso Godínez, Vocero de la Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México, dijo “Desde FUNSAMEX consideramos que la política fiscal en México puede ser una herramienta de salud pública cuando está sustentada en evidencia; adicionalmente a la recaudación, debe contribuir a fortalecer la prevención, promover decisiones de consumo más informadas y reducir los riesgos asociados entre el consumo del alcohol y el cáncer, siempre a través del diálogo entre autoridades, academia, sociedad civil y los sectores involucrados”.
Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la Junta de Coordinación Política y a los legisladores federales en general. Señalaron que tienen la oportunidad histórica de utilizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como una verdadera política de salud pública.
Actualizar el impuesto a las bebidas alcohólicas servirá como una palanca para: disminuir el consumo en niñas, niños, adolescentes y mujeres, reducir la carga económica en las familias con menores recursos, evitar siniestros viales y fortalecer los ingresos del gobierno para atender los daños causados por el consumo de alcohol y otras enfermedades.
