La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AIMX) reafirma el posicionamiento institucional respecto a cómo la industria y los académicos expertos en la materia recomiendan estructurar una nueva regulación de los Derechos de las Audiencias en México, señalando que los lineamientos deben observar los estándares constitucionales nacionales y las mejores prácticas internacionales para garantizar un beneficio social tangible, sin trasladar al Estado la facultad de decidir sobre los criterios editoriales de los medios de comunicación.
En el documento entregado durante la consulta pública que concluyó el pasado viernes 21, la Asociación destaca que los derechos de las audiencias constituyen una expresión directa del derecho humano a recibir información libre, plural y diversa. Por ello, la normativa debe enfocarse en regular procedimientos de acceso, transparencia e inclusión, protegiendo al ciudadano sin invadir la independencia periodística ni generar incentivos para la censura o la autocensura.
Certeza jurídica y “Puerto Seguro” para la función informativa
Para evitar que la regulación se traduzca en discrecionalidad administrativa, la Asociación señala que el marco normativo debe sustituir los conceptos abiertos o ambiguos —como la evaluación de información “descontextualizada” o “falsa”— por parámetros técnicos y verificables.
“México necesita un modelo regulatorio moderno, orientado al beneficio social que debe incorporar la figura de “diligencia razonable” o “puerto seguro”). Este esquema permite que los medios y periodistas acrediten haber actuado de buena fe, bajo sus Códigos de Ética y mediante el contraste razonable de fuentes, sin que una autoridad administrativa intente calificar la veracidad editorial de una nota periodística. Asimismo, proponemos establecer mecanismos para que, de manera explícita, ante cualquier duda interpretativa, prevalezcan las lecturas más favorables al ejercicio de la libertad de expresión”, plantea Julio César Vega, Director General de la Asociación Mexicana de Internet.
Protección reforzada a la infancia y entornos digitales seguros
La Asociación enfatiza la necesidad de que la norma recupere el esquema especializado de tutela para niñas, niños y adolescentes, el cual debe considerar la gradualidad de edades (principio de autonomía progresiva). La regulación debe reconocer que la exposición a contenidos audiovisuales y publicidad digital representa riesgos distintos para un infante de cinco años que para un adolescente de diecisiete.
“El estándar regulatorio idóneo debe reinstalar prohibiciones claras contra la publicidad engañosa, la explotación de la inexperiencia infantil, los mensajes subliminales y las narrativas que incentiven conductas de riesgo en entornos digitales, garantizando que el interés superior de la niñez sea la prioridad del modelo”, puntualizó Lina Rodríguez, Presidenta de la Asociación.
Alfabetización mediática: La respuesta moderna frente a la Inteligencia Artificial
En el contexto digital actual —donde la información circula mediante plataformas avanzadas, redes sociales y sistemas de inteligencia artificial generativa— la Asociación de Internet sostiene que la mejor defensa de la sociedad frente a la desinformación no es la ampliación del aparato sancionador del Estado, sino la alfabetización mediática y digital.
“Una regulación moderna debe convertir la alfabetización crítica en un mandato estructural con campañas permanentes, materiales accesibles para personas con discapacidad y alianzas con el sector educativo. Formar audiencias con capacidad analítica para verificar fuentes y diferenciar hechos de opiniones constituye un mecanismo de protección ciudadana mucho más eficaz y democrático que la intervención administrativa sobre los discursos”, apuntó Enrique Ortega, Vicepresidente de Educación y Cultura.
Autorregulación auténtica y debido proceso
Finalmente, el documento de la Asociación propone que la revisión de los Códigos de Ética por parte de la autoridad se limite a un trámite formal, garantizando que permanezcan como instrumentos de autorregulación auténtica y no como “autorizaciones editoriales” disfrazadas. A la par, el modelo debe fortalecer el debido proceso mediante la proporcionalidad en las sanciones, reglas claras de valoración de prueba y la protección de la información comercial confidencial.
La Asociación Mexicana de Internet señala que el objetivo final de este marco normativo debe ser la consolidación de un entorno con medios responsables, audiencias críticas e independientes, y reglas lo suficientemente transparentes para que nunca se confunda la protección de los derechos de los ciudadanos con el control administrativo de la información.
En el mismo sentido, las Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales de la UNESCO proponen un modelo basado en derechos humanos, transparencia, debida diligencia, rendición de cuentas y gobernanza multisectorial.
Estos principios ofrecen una base sólida para construir un marco regulatorio que fortalezca la integridad de internet sin sacrificar la innovación, la libertad de expresión ni el carácter abierto de internet.
Ante lo delicado de la situación y por considerarlo oportuno, la Asociación Mexicana de Internet hace un llamado a entidades internacionales, a fin de contar con perspectivas que permitan garantizar las mejores prácticas, por lo que conmina a organismos como ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ISOC (Internet Society), UIT (Unión Internacional de las Telecomunicaciones) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros… a sumarse al debate y a la defensa de los Derechos de las Audiencias en México.
La Asociación de Internet MX nuevamente pone a disposición su experiencia técnica, jurídica y de análisis para colaborar de manera constructiva con el Gobierno de México. “Nuestro objetivo es contribuir a que México continúe consolidando un estado de derecho y un marco legal moderno desde la perspectiva de los derechos humanos y digitales, a fin de que se fomente la innovación, la inclusión y el desarrollo económico”, aseveró Vega.
