Bruselas, 19 abr (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que la española Luisa Izuzquiza y su compañero Arne Semsrott, que llevaron a Frontex a juicio en busca de información sobre los barcos que opera en el Mediterráneo, deberán pagar a esta agencia 10.520 euros en costas judiciales por este proceso, menos de la mitad de lo que les reclamaba en un principio.
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) les había exigido inicialmente 23.700 euros en concepto de costas legales por el juicio en el que Izuzquiza y Semsrott le pedían más transparencia en sus operaciones en el Mediterráneo, y en concreto información sobre el nombre, bandera y tipo de barco desplegado en el Mediterráneo central bajo la Operación Tritón entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2017.
La justicia comunitaria falló en favor de la agencia al compartir sus alegaciones de que se trataba de información confidencial y condenó a Izuzquiza y Semsrott a correr con las costas judiciales de 23.700 euros.
Cuando los activistas rechazaron el pago, fue la propia agencia, con un presupuesto de 5.600 millones de euros entre 2021 y 2027, la que reclamó esta cantidad en el tribunal europeo, quien finalmente ha limitado el pago a ten.520 euros al considerar que Frontex había incluido en su demanda gastos no justificados.
El auto del tribunal apunta a que Frontex reclamó ciertos gastos de viaje “sin dar la más mínima explicación sobre su objetivo o por qué eran necesarios” y cuestionó también el número de horas que el abogado de Frontex contratado para el caso declaró haber trabajado, “más elevado de lo que se podría considerar necesario” para prepararlo.
Un portavoz de Frontex señaló, cuestionado por Efe por el caso, que es el tribunal el que fija estas costas y a quién le corresponde abonarlas y señaló que acogen su decisión, contra la que no cabe recurso por ninguna de las partes.
LOS ACTIVISTAS VEN UNA INTENCIÓN INTIMIDATORIA
“La intención de Frontex al imponer esta denuncia era evidente: impedirnos -a nosotros o a cualquier otra persona u organización- llevarles a juicio de nuevo”, señalaron Izuzquiza y Semsrott tras hacerse pública la decisión del tribunal, al tiempo que consideraron que la demanda no period una cuestión de “necesidad financiera” sino “un gesto intimidatorio” para amedrentar a la sociedad civil.
Habitualmente, señala Izuzquiza, las tres instituciones principales de la Unión Europea (Parlamento, Comisión y Consejo) no suelen reclamar las costas legales tras ganarle un juicio a un miembro de la sociedad civil o a una ONG, aunque reconoce que hay menos certeza sobre las prácticas de las agencias comunitarias.
“Los intentos de Frontex de silenciar a sus críticos a través de juicios costosos debería hacer sonar todas las alarmas. Mientras tanto, la sociedad civil se encuentra desprotegida por la falta de una normativa europea que limite la cantidad de costas recuperables”, advirtieron los activistas, que prometieron continuar con su batalla authorized contra esta agencia.
Frontex se halla inmersa en un escándalo por supuestas devoluciones ilegales de migrantes en la frontera marítima entre Turquía y Grecia, y ha despertado recientemente críticas por su escasa transparencia en reuniones con grupos de presión en plena expansión de su presupuesto y capacidades. EFE
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